En la mayoría de los conflictos armados actuales, las víctimas entre la población civil superan en mucho a las bajas de combatientes y, dentro de las mismas, son las mujeres, debido a los papeles que desempeñan dentro de sus comunidades, quienes se convierten con mucha frecuencia en blanco de ataques deliberados. Por una parte, es habitual que su papel de responsables de la seguridad de los menores y otros familiares en condiciones de dependencia, haga con frecuencia más difícil su huida y desplazamiento; y, por otra, las condiciones de subordinación en que viven respecto a los varones y el rol que se les adjudica socialmente, convierten los abusos y la violencia ejercida contra ellas en un instrumento de humillación hacia las comunidades a las que pertenecen.

La región sudanesa de Darfur, en el oeste de Sudán, vive la crisis humanitaria más grave del momento y, de nuevo, las mujeres y las niñas se han convertido en objetivos de la violencia. Centenares de testimonios hablan de violaciones masivas en las aldeas a manos de las milicias janjawid, apoyadas por el ejército sudanés. En los asentamientos en los que se concentran más de un millón de personas desplazadas en Darfur, de las que la mayor parte son mujeres, éstas siguen siendo objeto continuo de ataques y violencia sexual al tener que abandonar los campos para buscar leña, agua y comida. Las mujeres son víctimas de especial brutalidad e injusticia en las situaciones de conflicto armado y es preciso que se les proteja con medidas de seguridad específicas. La legislación internacional condena de manera explícita las violaciones y abusos sexuales como crímenes de guerra y es, por tanto, imprescindible que esta violencia sea visibilizada y sancionada por parte de los Estados o por Tribunales Internacionales. La comunidad internacional tiene la obligación de hacer frente al problema de forma efectiva.

La violencia contra las mujeres en los conflictos armados no es un fenómeno que surja espontáneamente como una consecuencia, entre otras, del propio conflicto, sino que es una manifestación más de la violencia cotidiana que sufren esas mujeres en sus sociedades, llevada al extremo por las circunstancias del mismo. Esta violencia tiene su raíz, y de ahí toma las formas que adquiere, en el papel asignado a las mujeres dentro de sus propias comunidades. La violencia sexual contra las mujeres no es así sino una forma de humillar al conjunto de la comunidad, de la que a menudo se culpa a la propia víctima y que tiene como consecuencia su estigmatización y repudio incluso por parte de sus parejas y familias. En algunos conflictos, la violación es utilizada como arma de guerra e instrumento de genocidio ya que la etnia, en determinadas culturas, se transmite a través de la paternidad.

En Ruanda, hace diez años, se contabilizaron más de 500.000 mujeres violadas. De ellas, muchas contrajeron el sida y no tienen acceso a los medicamentos. En la actualidad, miles de mujeres en Burundi y Sudán padecen la misma suerte. Las que logren sobrevivir a las mutilaciones, torturas y vejaciones quedarán marcadas de por vida, por el sida, por la estigmatización de haber sido violadas, o por ambas cosas. Serán consideradas 'mujeres echadas a perder' y sufrirán el rechazo y la marginación social por parte de sus propios maridos, o de la comunidad entera, debido al tabú cultural que supone ser una mujer violada o portadora del VIH. Si ya tenían hijos o, como consecuencia de la violación, quedan embarazadas, posiblemente se vean solas y sin ninguna ayuda a su cuidado ya que los menores, en muchas zonas, son responsabilidad exclusiva de la madre.

Sin embargo, las mujeres son el eje central en el mantenimiento de sus comunidades. Sin ellas, no podrían sobrevivir. En los conflictos, cuando los hombres abandonan sus lugares de residencia, las mujeres quedan a cargo de otras personas dependientes de ellas y son quienes trabajan el campo y obtienen comida, agua, leña y todo lo necesario para la subsistencia de la comunidad, lo que también las expone a una mayor vulnerabilidad ya que resultan fácilmente localizables. Este papel central de las mujeres en la supervivencia de sus comunidades hace que sus aportaciones sean esenciales en los procesos de paz posteriores a los conflictos como expresó en 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Esta resolución exige la participación en pie de igualdad de las mujeres en la toma de decisiones e iniciativas para el establecimiento y mantenimiento de la paz, una mayor protección para las mujeres y niñas y el enjuiciamiento de los culpables de violencia contra ellas.

En Ruanda, en 2001, mujeres excombatientes de todo el país y procedentes de ambos bandos del conflicto, crearon una asociación llamada Ndabaga que pide participar en las misiones de paz que se llevan a cabo en Africa. Sus componentes están profundamente comprometidas en los procesos de reconstrucción y reconciliación en Ruanda y podrían desempeñar un papel importante en conflictos como el de Darfur y en etapas de posconflicto, en cuyos procesos de desarme, desmovilización y reintegración, y a pesar del contenido de la resolución 1325, las mujeres son con frecuencia excluidas.