ARTICULO
PODER, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA
Canal Sida

La violencia de género, o la violencia que se dirige contra las mujeres, es un fenómeno estructural, es una manifestación producto del machismo que impera en esta sociedad y que viene sustentado por la desigualdad y la inequidad, con un dominio de lo masculino sobre lo femenino en lo simbólico y una relación de poder entre los hombres y las mujeres en el mundo cotidiano. Esta desigualdad esta relacionada directamente con el Sistema Patriarcal y por ende con la forma en que se conforman las relaciones de poder. Por tanto, la violencia está relacionada con las construcciones sociales que nos sustentan a todos y a todas.

Hablar sobre violencia de género es hablar de cualquier acto, activo o negligente, que vulnere los derechos de las mujeres por el único motivo de “ser mujeres”. La violencia es ejercida por los hombres en respuesta a la amenaza ficticia que sienten hacia su masculinidad (a su identidad), es una violencia contra todas y cada una de las mujeres de este mundo. Aquí debo establecer una premisa: ningún acto de violencia esta justificado, no hay nunca ningún motivo para ejercer la violencia; la violencia siempre es un fracaso. Nuestro fracaso.

Quiero señalar las dificultades que encontramos al observar el impacto que tiene la violencia en cada acto de nuestras vidas, así como el hecho de que tod@s y cada un@ de nosotr@s estamos contaminad@s por nuestros roles asignados y por el estudio de la realidad utilizando ciencias sesgadas androcéntricamente.

La violencia es una manifestación compleja de un sistema de violencias intersectorializadas (física, psicológica, moral, económica, sexual, laboral, esclavitud, institucional, sanitaria, educacional) e interrelacionadas entre sí.

La Violencia Estructural es aquella legitimada y que legitima al mismo tiempo el sistema social y económico en que vivimos. La violencia estructural se sustenta en la creación de constructos de desigualdad y de inequidad, que se radicalizan en la construcción de los fundamentalismos (económicos, sociales, religiosos, de clase, de raza, etc),

Esta desigualdad y este desequilibrio se observan en el acceso a los recursos y a los servicios de salud, que aunque en determinados contextos (estado español) se considera universal, no es en ningún modo real.

La epidemia del VIH tiene un vínculo muy profundo con el ejercicio de esta violencia, y el hecho de que las políticas sociales y sanitarias no hayan sabido incorporar la perspectiva de género y no hayan previsto políticas y acciones específicas para prevenir el VIH en mujeres ha supuesto uno de los mayores fracasos de la salud pública.

El estigma relacionado con el VIH en mujeres supone una doble estigmatización, cuya construcción tiene que ver con el papel asignado por el sistema patriarcal a las mujeres; esto supone el aumento del sufrimiento y el aislamiento de las mujeres seropositivas y distorsiona la percepción del riesgo de las mujeres en general respecto a la posibilidad de infectarse. Los estigmas son un factor promotor de violencia debido a que se retroalimentan de los miedos y de los prejuicios, convirtiéndose en un elemento de control del sistema social predominante.

Esto conduce a la necesidad de avanzar en el estudio de dichos fenómenos para generar discursos sobre cómo la violencia simbólica y la cotidiana tienen impacto en nuestra sexualidad, y por tanto en la prevención del VIH. Una de las acciones imprescindibles consiste en revisar el papel que desempeñan las relaciones de poder en la relaciones sexuales y cómo éstas determinan las consecuencias en la salud sexual reproductiva.

Cuando se ha tratado de establecer la relación entre violencia y VIH, el primer análisis subyacente se ha encaminado a observar cómo la violencia ejercida contra las mujeres aumenta la vulnerabilidad de éstas a infectarse con el VIH, al no poder tomar las medidas protectoras necesarias para prevenir la infección, ya sea porque se obstaculiza la percepción de riesgo o por no poder utilizar las medidas necesarias. Aun siendo un elemento importante, desgraciadamente no encuentra traducción en políticas sociales y sanitarias eficaces y efectivas, ni tampoco en la sensibilización y formación necesaria de l@s profesionales que trabajan en la prevención de la violencia.

Se requieren estudios y acciones que visibilicen la relación entre violencia y VIH y que aborden esta situación de una forma más integral que lo realizado hasta la actualidad (que es casi nula). Se requieren discursos contundentes por parte de profesionales y el establecimiento de políticas que señalen que la violencia es, en la mayoría de los casos, invisible y tiene las mismas raíces que la epidemia del VIH: la desigualdad.

La violencia mayoritaria se enmarca en contextos de coerción muy difíciles de detectar y de trabajar, dado que están estrechamente relacionados con la construcción de la bipolaridad masculinidad/feminidad. La coerción es un fenómeno de difícil identificación por la misma naturaleza de la relación abusiva, la cual se conforma además desde la construcción del amor romántico, que es un caldo de cultivo de dichas relaciones. Dicho de un modo bucólico, es el “Jardín del Edén” del aislamiento y el sufrimiento de muchas mujeres.

Las mujeres que se encuentran en una relación abusiva con un hombre aumentan por 100 su riesgo a infectarse por VIH debido, entre otras, a:

• Miedo a las consecuencias (físicas y/o emocionales) si no mantienen relaciones sexuales cuando y como su compañero “lo quiere” (exige);
• El temor y la amenaza de violencia futura, rechazo, abandono y/o pérdida de apoyo económico si intentan negociar sexo más seguro o si se niegan a practicarlo;
• La coerción emocional y la manipulación emocional a la que se ven sometidas;
• Relaciones sexuales violentas o agresivas, o violación, por parte de una pareja abusiva;
• Son obligadas a tener relaciones sexuales con otras personas o a participar en actos sexuales denigrantes;
• son inducidas a la prostitución por una pareja abusiva.

Otro hecho pavorosamente invisibilizado producto de la violencia institucional es el impacto del diagnóstico del VIH que conlleva en muchos casos un aumento de grado en el ciclo de la violencia. Esto supone que se deben poner en marcha estrategias para prevenir dicha situación y para ello se requiere el reconocimiento de intervenciones específicas, entre ellas formación de l@s profesionales sociosanitarios para hacer frente a este fenómeno.

Es importante y urgente abrir el debate sobre la idea de reducción de riesgos y/o daños en la prevención del VIH por vía sexual, y que en este debate se incorporen profesionales que trabajen en la prevención y en el tratamiento de mujeres que han sufrido violencia. La capacitación de hombres y mujeres en el establecimiento de prácticas de reducción de riesgos y daños requiere trabajar la idea de reducción de riesgos como herramienta cuando no tienen la posibilidad de protegerse en las relaciones, que es cuando se produce un mayor riesgo de sufrir más violencia física o la muerte.


Un caso para reflexionar: Las agresiones sexuales y Tratamientos Post-Exposición (PET).

Por ultimo, la violencia se puede traducir en agresiones sexuales y éstas aumentan considerablemente la exposición al VIH y el riesgo a infectarse, y como consecuencia futura disminuye la capacidad de negociar en otros momentos la práctica de sexo seguro.

En nuestro entorno legal y sanitario (hospitales) existe la posibilidad de utilizar el tratamiento post exposición como forma de prevención secundaria en situaciones accidentales, o sea, cuando se han producido situaciones de exposición a sangre o líquidos biológicos (semen, liquido pre-seminal, fluidos vaginales). Consiste en suministrar fármacos antirretrovirales en el plazo máximo de 24/48 horas después de la exposición durante un mes aproximadamente. No está demostrada su eficacia al 100%, aunque la experiencia comparada con dicho tratamiento en post-ocupacional y transmisión vertical, nos ofrece datos que nos acercan al optimismo respecto a su posible eficacia, pero eso implica que hay que explicar muy claramente en qué situaciones se debe usar, potencialidades, efectos secundarios y riesgos asociados.

En algún protocolo se ha establecido la posibilidad de utilizar PET, aunque la realidad es que no se oferta, ni siquiera se tiene en cuenta su viabilidad. No tiene ninguna excusa la exclusión real de esta opción en los circuitos de violencia y en los protocolos de violencia sexual y física, con la posibilidad de ofrecer dicho tratamiento a las mujeres. Esto se concretaría con acciones dirigidas a:

• Ofrecer PET, cuando la situación lo requiera y la mujer lo acepte, a mujeres víctimas de agresiones sexuales después de haber realizado un asesoramiento/counselling y la obtención del consentimiento informado;
• Ofrecer información, asesoramiento y soporte adecuados a las mujeres que sufran algún tipo de violencia de parejas con diagnóstico de VIH+ conocido, incluyendo la información sobre PET
• Ofrecer información, asesoramiento y soporte adecuados a las mujeres que sufran violencia sexual, incluyendo la información sobre PET.
• Formación a los/las profesionales socio-sanitarias que atienden a las mujeres que sufran algún tipo de violencia. La formación requiere valoración de los riesgos, información sobre fármacos post exposición y capacitación en counselling.
• Formación a los/las profesionales socio-sanitarias que atienden a las mujeres después de las agresiones.

El hecho de que esta posibilidad no sea efectiva en nuestro estado/comunidad tiene varias lecturas, todas ellas (falta de protocolos reales, falta de formación, falta de debate, falta de recursos, negligencias, etc) se resumen en que estamos ante un ejemplo de violencia institucional contra las mujeres.

Este artículo pretende abrir un debate sobre aquellas cuestiones que tenemos por delante y que requieren de un compromiso ético por parte de todas las personas implicadas para abordarlo con la seriedad que supone la violencia y la epidemia del VIH en mujeres.